miércoles, 17 de febrero de 2016

Málaga se adelanta en un futuro animal más equitativo.



El Área de Sostenibilidad Medioambiental ha concluido la redacción de la Ordenanza de Bienestar y Protección Animal, que actualizará la normativa municipal en esta materia y hará posible la puesta en marcha de los nuevos proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento de Málaga, especialmente relacionados con perros y gatos.

La nueva Ordenanza sustituirá a la que está actualmente en vigor, sobre Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos. El borrador ha sido remitido por el Ayuntamiento a los colectivos profesionales (asociaciones de veterinarios y colegio oficial), así como a las asociaciones relacionadas con la protección animal para compartir el contenido y que puedan realizar aportaciones. Una vez concluida esta fase de borrador, la ordenanza será sometida a los trámites necesarios para su entrada en vigor, lo que podría producirse antes del verano.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha justificado la necesidad de renovar la ordenanza que regula la tenencia animal para que refleje los criterios con los que está trabajando el Ayuntamiento en esta materia. “Queremos que Málaga sea una ciudad amiga de los animales, en la que nuestras mascotas se encuentren protegidas no sólo por los propios ciudadanos sino también por una legislación que ampare sus derechos”, ha declarado Jiménez.

Entre las principales novedades que incluye la nueva normativa destaca la modificación de las condiciones para el acceso de los animales de compañía a los establecimientos públicos, incluidos hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas. La entrada de mascotas quedará autorizada siempre que el local no muestre visible desde su exterior una prohibición expresa, previa autorización administrativa por el órgano competente. Esto supone un importante cambio respecto a la situación que existe en la actualidad, ya que ahora los animales de compañía no pueden acceder al interior de los establecimientos públicos, a no ser que el local expresamente muestre que sí lo permite.

La única excepción a esta autorización del acceso  será en los casos de los locales dedicados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, en los que queda prohibida la entrada con animales de compañía en todos los casos. En el caso de espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, el titular podrá establecer la prohibición de acceso de animales, debiendo comunicarlo con el adelanto y difusión oportunos.

En lo que se refiere al transporte público, los poseedores de animales de compañía podrán acceder con ellos a la EMT o al Metro de acuerdo con las normas y procedimientos acordados por dichas empresas.  En el caso de los taxis, sus titulares podrán aceptar la presencia de las mascotas de forma discrecional.

En este sentido, la nueva normativa recoge la prohibición expresa del uso de collares que puedan ser considerados de castigo, que provoquen la asfixia del perro mediante nudo, o daño debido al uso puntas o elementos eléctricos. Las correas, fijas o flexibles, y las cadenas deberán tener una extensión entre 1,5 y 2 metros, para permitir el movimiento del perro, quedando prohibidas el uso de las extensibles en perros de más de 15 kg.

En otro de sus apartados, la ordenanza incluye que también se deberá evitar la realización de actividades en el entorno privado de los perros que alteren o perturben su bienestar psíquico, tales como ruidos excesivos o la explosión de petardos.

La normativa protege a los animales que van a ser objeto de adopción en alguna de las instituciones que existen en Málaga mediante la inclusión de dos nuevos requisitos para acceder a la misma: no haber entregado un animal en el Centro Zoosanitario Municipal u otra entidad colaboradora en los últimos dos años y la presentación firmada de la declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones que impliquen maltrato o abandono del animal en los últimos cinco años.

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